|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
La procuradora adjunta y directora de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, reveló que en el último año más de 60 mil personas han acudido al Ministerio Público en busca de justicia por casos de violencia de género.
Durante su intervención en la conmemoración del 20 aniversario del Código Procesal Penal, Reynoso abordó los desafíos y avances del sistema judicial, enfatizando la importancia de decisiones objetivas en un contexto donde no todas las denuncias reflejan la verdad.
Coordinación y objetividad: claves del sistema judicial
Reynoso señaló que uno de los principales retos del sistema es la falta de una política articulada que coordine de manera eficiente a todos los actores del sector justicia. Subrayó que, aunque el Ministerio Público tiene la función específica de persecución, no siempre tiene la razón, aunque trabaja con objetividad y rigor. “Nuestro rol es perseguir el delito, pero somos conscientes del impacto humano detrás de cada decisión”, explicó.
Respuesta y soluciones alternativas
En los últimos cuatro años, el Ministerio Público ha implementado estrategias para mejorar los tiempos de respuesta y ha fomentado políticas de soluciones alternas y acuerdos judiciales, como un esfuerzo para desahogar el sistema y garantizar justicia tanto para víctimas como imputados. Reynoso también defendió el uso de la prisión preventiva y la búsqueda de penas altas cuando las pruebas lo justifican, considerando estas medidas esenciales para cumplir con su deber.
Valentía y responsabilidad en la justicia
La procuradora destacó que ejercer justicia exige valentía y compromiso, recordando que los fiscales tienen la responsabilidad de presentar pruebas sólidas. “Una persona con temor no puede desempeñarse en el sistema de justicia. Probar una acusación con evidencia contundente es fundamental”, expresó.
Impacto y acceso equitativo a la justicia
Reynoso celebró los avances en la garantía de un acceso más equitativo y de calidad, pero reconoció que el sistema enfrenta retos significativos. Según afirmó, un sistema efectivo debe ofrecer respuestas oportunas tanto para las víctimas como para los imputados, ya que cada decisión trasciende los expedientes y afecta directamente las vidas de las personas involucradas, sus familias y comunidades.
El evento, que reunió a destacados actores del sector judicial, sirvió como plataforma para reflexionar sobre las dos décadas de implementación del Código Procesal Penal y para discutir las transformaciones necesarias en el camino hacia un sistema de justicia más eficaz y humano.
