Por Francisco Tavárez
SANTO DOMINGO.- En 2012, al inicio del gobierno de Danilo Medina, estalló un escándalo que debería haber sacudido las bases de la gestión pública: más de 100 millones de útiles escolares dañados llegaron al Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE). Lo que debió ser una adquisición transparente y beneficiosa para los estudiantes dominicanos, se convirtió en un fraude monumental, en el que se vendieron materiales defectuosos como si fueran nuevos. Millones de cuadernos, mochilas, lápices y otros insumos que nunca cumplieron su función fueron triturados.
La magnitud de este fraude no radica solo en el desperdicio económico —que, sin duda, fue considerable—, sino en el engaño sistemático a una de las poblaciones más vulnerables: los niños y niñas del sistema público de educación. En un país donde la calidad educativa ya enfrenta desafíos profundos, esta estafa representó un duro golpe a la confianza en las instituciones y, peor aún, una burla a los estudiantes que esperaban con ansias recibir sus útiles para comenzar un nuevo año escolar.
Lo más indignante es que, 12 años después, ninguna persona ha sido arrestada ni se han identificado responsables concretos. La impunidad ha reinado en torno a este caso, lo que envía un mensaje claro: quienes cometen este tipo de actos pueden evadir la justicia sin consecuencias. Mientras tanto, la sociedad observa cómo se dilapidan recursos y cómo los corruptos se benefician de los fondos públicos sin rendir cuentas.
Este episodio oscuro refleja un problema estructural en el sistema de compras públicas de la República Dominicana. Se ha creado un círculo vicioso de contratos amañados, donde lo que importa no es la calidad del producto o servicio, sino los beneficios que pueden obtener los involucrados. El escándalo de los útiles escolares dañados no solo es una cuestión de ineficiencia, sino un síntoma de una corrupción enquistada en el sistema estatal.
Los dominicanos merecen respuestas. El país necesita un sistema de justicia independiente que ponga fin a la cultura de la impunidad. El caso de los útiles escolares debe ser reabierto, investigado a fondo y aquellos responsables de este crimen deben ser llevados ante los tribunales. Solo así se podrá comenzar a reparar el daño hecho a la educación de miles de niños y recuperar la confianza en las instituciones públicas.
La ciudadanía no puede permanecer callada. Este escándalo debe seguir siendo una herida abierta en la conciencia colectiva hasta que se haga justicia.
