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Por Francisco Tavárez
El debate sobre eliminar la cesantía ha comenzado a cobrar fuerza en nuestro país, avalado por sectores del gobierno que parecen dispuestos a ceder a presiones empresariales, sacrificando los derechos laborales que han costado décadas de lucha.
La cesantía no es un regalo ni una dádiva. Es un derecho adquirido que protege al trabajador ante la incertidumbre del despido, permitiéndole transitar con dignidad hacia nuevas oportunidades laborales. Quitarla es un ataque directo al sustento de miles de familias, un retroceso inaceptable que amenaza con desestabilizar aún más un mercado laboral ya precario.
El Ministro de Trabajo, Luis Miguel De Camps, no solo ha fallado en defender este pilar fundamental, sino que su gestión deja mucho que desear. Las regulaciones del Código Laboral parecen papel mojado ante la ausencia de fiscalización efectiva. ¿Cuántas empresas han sido realmente sancionadas por violar los derechos de sus empleados? La respuesta es clara: insuficientes. Mientras tanto, los abusos laborales proliferan sin control.
Es momento de que el Ministerio de Trabajo asuma su rol con seriedad. Su función no es complacer a las grandes corporaciones, sino garantizar un equilibrio justo entre empleadores y empleados. Necesitamos una institución que fiscalice, sancione y, sobre todo, proteja los derechos de los trabajadores.
No podemos permitir que la cesantía, un logro histórico de la clase trabajadora, sea negociada como moneda de cambio. Defender este derecho es defender el futuro de nuestros trabajadores y el de nuestro país. Es hora de actuar. Exijamos un Ministerio de Trabajo que cumpla con su deber.
