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Por Francisco Tavárez
El presidente Luis Abinader ha enviado al Congreso Nacional una iniciativa de que busca sanciones de hasta 50 años para delitos graves como el sicariato y la creación de una dependencia para proteger a víctimas y testigos es, sin duda, una señal de su compromiso con fortalecer el sistema judicial y combatir el crimen organizado. Sin embargo, esta propuesta plantea preguntas fundamentales sobre su viabilidad y efectividad real en el contexto socio-político de la República Dominicana.
Si bien el endurecimiento de penas puede servir como medida disuasoria, no es suficiente por sí solo para resolver problemas estructurales. La República Dominicana enfrenta desafíos en la aplicación efectiva de sus leyes debido a la corrupción, la falta de recursos en el sistema judicial y la ineficiencia en la persecución penal. Además, penas tan largas podrían generar cuestionamientos sobre su proporcionalidad y su alineación con tratados internacionales de derechos humanos.
El enfoque no solo debe ser sancionar con dureza, sino también prevenir el surgimiento del sicariato, lo que requiere políticas públicas que atiendan las raíces del problema, como la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades.
La mayoría absoluta del PRM debería facilitar la aprobación del nuevo Código Penal, pero la realidad es más compleja. La falta de consenso, principalmente en torno a las tres causales del aborto, ha sido una piedra de tropiezo durante décadas. Si el PRM no logra superar este estancamiento, quedará en evidencia su incapacidad para liderar reformas esenciales, lo que minará la confianza en el sistema político y judicial.
Este estancamiento también sugiere que el problema no es solo legislativo, sino político. Si el PRM tiene el poder pero no actúa, se refuerza la percepción de que las élites políticas temen enfrentarse a sectores influyentes que se benefician de la corrupción y la impunidad.
El país ya cuenta con un marco normativo extenso, pero el cumplimiento sigue siendo el verdadero desafío. Sin una implementación efectiva, las leyes más estrictas son meramente simbólicas.
El reto más grande no está en redactar nuevas leyes, sino en crear un entorno donde las existentes se apliquen con justicia e imparcialidad. Esto exige voluntad política, recursos y un compromiso firme con la transparencia. El país no puede esperar otros 30 años de debates estériles; es momento de actuar.
La propuesta de Abinader puede ser un paso en la dirección correcta, pero solo tendrá impacto real si viene acompañada de reformas estructurales profundas y una voluntad genuina de enfrentar los problemas de raíz. Sin acción, seguirá siendo un discurso más en la larga lista de promesas incumplidas.
