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Por Francisco Tavárez
En un momento donde la protección de los derechos de los consumidores es más crucial que nunca, la reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC), que limita las facultades de Pro Consumidor para imponer sanciones administrativas, representa un grave retroceso. Este fallo, que contradice criterios previos de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), no solo genera incertidumbre jurídica, sino también pone en riesgo la salud, la economía y los derechos de millones de ciudadanos.
La SCJ, en la sentencia 184/2014, había reconocido a Pro Consumidor la facultad de imponer sanciones, amparándose en los artículos 105 y 107 de la Ley 358-05. Sin embargo, el TC, al examinar otros artículos de la misma legislación, concluyó que dicha potestad no está expresamente consignada. Esta divergencia en la interpretación legal expone las debilidades de un marco normativo que requiere urgentemente ser revisado.
Las consecuencias de esta decisión no son menores. Al privar a Pro Consumidor de la capacidad de sancionar directamente, se allana el camino para que los comerciantes irresponsables puedan actuar con mayor impunidad. La necesidad de llevar los casos a los tribunales para imponer multas significará años de espera, durante los cuales los consumidores seguirán expuestos a prácticas abusivas. Esto no solo debilita la confianza en el sistema de protección al consumidor, sino que también desincentiva a los comerciantes cumplidores, quienes ven cómo la competencia desleal queda sin castigo inmediato.
Ante esta situación, el Congreso Nacional tiene la responsabilidad urgente de reformar la Ley 358-05. Es necesario dotar a Pro Consumidor de facultades claras y expresas para imponer sanciones administrativas, fortaleciendo su autonomía y capacidad de acción. De igual manera, se deben generar espacios de diálogo entre las altas cortes del país para armonizar criterios en la interpretación de leyes clave, evitando así choques que perjudiquen a los ciudadanos.
La protección al consumidor no es solo un derecho fundamental, es un pilar de una economía saludable y justa. Permitir que Pro Consumidor opere con eficacia es garantizar un mercado más equitativo, donde los derechos de los ciudadanos prevalezcan sobre los intereses de unos pocos. Este momento crítico debe ser aprovechado para reforzar el compromiso con una sociedad más justa y transparente. El tiempo apremia, y los consumidores no pueden esperar.
