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Por Francisco Tavárez
La República Dominicana, como cualquier Estado soberano, tiene la responsabilidad de garantizar un acceso equitativo, sostenible y ordenado a los servicios públicos, especialmente en sectores tan sensibles como la salud. En este contexto, resulta prioritario asegurar que los ciudadanos dominicanos reciban una atención médica oportuna y de calidad, sin que el sistema colapse por una demanda que, en muchos casos, excede su capacidad operativa.
Es fundamental reafirmar que toda persona, sin importar su estatus migratorio, tiene derecho a recibir atención en casos de emergencia. Este principio se respeta y se seguirá respetando. Sin embargo, también es necesario reconocer que el uso recurrente y no regulado de los servicios hospitalarios por parte de personas extranjeras en situación migratoria irregular, particularmente en el área de salud materna, genera una presión significativa sobre los recursos públicos.
El Estado dispone de mecanismos institucionales, como la Unidad de Atención a la Vulnerabilidad, para asistir a quienes verdaderamente lo necesiten. No obstante, dicha asistencia debe gestionarse bajo criterios claros de necesidad, legalidad y proporcionalidad, garantizando siempre la dignidad de las personas, pero sin comprometer la viabilidad del sistema hospitalario nacional.
La reciente implementación de medidas orientadas a identificar y regular la atención a parturientas extranjeras forma parte de un conjunto integral de acciones adoptadas por el Gobierno dominicano ante la crisis que afecta al vecino país de Haití. Estas medidas incluyen el fortalecimiento de los controles migratorios, la mejora en la seguridad fronteriza y la coordinación con organismos internacionales.
El objetivo es claro: evitar el colapso de nuestras instituciones de salud, ordenar la gestión migratoria y proteger, con justicia y responsabilidad, los derechos tanto de los ciudadanos dominicanos como de los extranjeros, siempre en el marco del respeto a los derechos humanos y a la legalidad.
La salud pública es un bien colectivo y su sostenibilidad requiere reglas claras, cooperación internacional y, sobre todo, voluntad política para tomar decisiones responsables, aunque sean complejas.
