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Por Francisco Tavárez
Las autoridades dominicanas han logrado desmantelar una banda estructurada dedicada a la falsificación de documentos oficiales, facilitando la nacionalización ilegal de ciudadanos haitianos como dominicanos. Este grupo operaba como una red clandestina que, a cambio de dinero, proveía actas de nacimiento y cédulas fraudulentas, poniendo en peligro la seguridad y la soberanía de nuestra nación. En un hecho alarmante, se ha confirmado la detención de seis personas hasta el momento, mientras que la presunta cabecilla del entramado, María del Carmen Arias Castillo, exfuncionaria de la Oficialía del Estado Civil de Nizao, se encuentra prófuga y fuera del país, pese a que fue advertida por la Junta Central Electoral (JCE).
Este no es un caso aislado. En octubre del año pasado, otro grupo, que incluía a un empleado de Migración, fue detectado en Santo Domingo Oeste utilizando una vivienda para captar a ciudadanos haitianos y procesar documentación fraudulenta. La impunidad con la que estas redes operan demuestra la existencia de fallas en los controles institucionales y la complicidad de individuos que, traicionando a la patria, facilitan la penetración de extranjeros mediante mecanismos ilegales.
Lo más grave es el uso de identidades de ciudadanos dominicanos fallecidos para dotar de documentos ilegítimos a haitianos. Este acto, además de representar un fraude, es un ataque directo contra la integridad del sistema civil dominicano. No podemos permitir que nuestra soberanía siga siendo vulnerada por personas inescrupulosas que lucran con la nacionalidad dominicana.
Es imperativo que las autoridades actúen con firmeza. Las actas fraudulentas deben ser anuladas inmediatamente, y los infiltrados en nuestras instituciones deben ser identificados y expulsados. Además, es urgente reforzar los mecanismos de control en la expedición de documentos para evitar que estos delitos sigan ocurriendo.
La venta de identidades dominicanas es un atentado contra nuestra nación. No podemos permitir que el lucro de unos pocos comprometa el futuro del país. Es hora de tomar medidas drásticas y garantizar que nuestra documentación oficial no sea mercancía de falsificadores. ¡Defendamos nuestra soberanía con acciones concretas y contundentes!
