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Por Francisco Tavárez
La salud de los ciudadanos no puede ser un negocio en manos de unos pocos. Sin embargo, en el Hospital Provincial Dr. Emilio de Marchena, presuntamente se ha establecido una estructura fraudulenta en la que algunos médicos emergenciólogos y cardiólogos estarían desviando pacientes hacia clínicas privadas, en lugar de aplicarles el tratamiento trombolítico que el sistema de salud cubre al 100% y que podría salvarles la vida.
Este accionar pone en grave peligro a pacientes con infartos agudos, quienes en muchos casos podrían estabilizarse con el tratamiento adecuado en el hospital. Sin embargo, al ser referidos a centros privados sin justificación médica real, su condición se agrava por los retrasos en la atención y las largas distancias que deben recorrer. Como consecuencia, el daño al corazón de estos pacientes se vuelve irreversible.
Lo más alarmante es que este esquema de derivación no responde a criterios médicos, sino a intereses económicos. Se ha denunciado que los hospitales privados facturan sumas millonarias por la realización de cateterismos innecesarios, mientras los médicos y personal involucrado reciben comisiones a costa de la salud de los pacientes. Esta práctica afecta especialmente a ciudadanos de escasos recursos dentro del régimen subsidiado, quienes quedan atrapados en una red de lucro desalmado.
Para agravar la situación, se estarían utilizando ambulancias privadas para trasladar a los pacientes, lo que evidencia la existencia de una logística bien orquestada para favorecer estos intereses oscuros. Mientras tanto, los médicos cardiólogos, sometidos a constantes exposiciones a radiaciones y una carga excesiva de procedimientos, terminan siendo parte de una maquinaria que prioriza la facturación sobre la ética y el bienestar de los enfermos.
Ante esta grave situación, hacemos un llamado urgente al presidente Luis Abinader y al ministro de Salud, Dr. Victor Atallah, para que inicien una investigación exhaustiva y sancionen a los responsables de este esquema corrupto. La vida de los pacientes no puede seguir siendo moneda de cambio para intereses económicos. Es imperativo que se refuercen los controles y se garantice que el derecho a la salud prevalezca sobre cualquier acto de corrupción.
La seguridad social y la confianza en el sistema de salud están en juego. Es hora de actuar con firmeza para desmantelar esta mafia y asegurar que la medicina siga siendo una profesión al servicio de la vida y no del lucro desmedido.
