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Por Francisco Tavárez
El retorno de los cacerolazos al Distrito Nacional marca un momento crucial en la relación entre el gobierno dominicano y su pueblo. El sonido metálico de las cantinas golpeadas en señal de protesta resuena no solo en los barrios más empobrecidos, sino también en el centro neurálgico de la capital, enviando un mensaje claro al presidente Luis Abinader y a su administración: la reforma fiscal propuesta no ha sido bien recibida por amplios sectores de la población.
El descontento, que ha comenzado a expresarse en las calles, no es una simple queja pasajera. Los cacerolazos son la manifestación visible de un malestar más profundo: una brecha cada vez más amplia entre las clases sociales. En un país donde el costo de la vida sigue subiendo, los servicios básicos son deficientes, y la pobreza aún afecta a millones de personas, imponer más cargas fiscales parece una injusticia para quienes ya luchan por sobrevivir con ingresos limitados.
La reforma fiscal, vista por algunos como una medida necesaria para equilibrar las finanzas del Estado, es percibida por muchos otros como un esfuerzo por cargar las espaldas de los más vulnerables, mientras que los sectores más ricos del país siguen beneficiándose de exenciones y ventajas económicas. Las voces de los manifestantes exigen equidad: que el sacrificio no recaiga solo en los más pobres, sino que también se toque a quienes disfrutan de los lujos de una economía desigual.
Esta no es la primera vez que la República Dominicana presencia un estallido social provocado por reformas económicas. Los cacerolazos son un eco de luchas pasadas, como las que surgieron en 2003 durante la crisis bancaria. En aquella ocasión, el pueblo también salió a las calles a hacer escuchar su descontento, y las consecuencias fueron significativas para el liderazgo político de entonces.
Hoy, el desafío del gobierno es mayor. Las expectativas son altas, y la paciencia de la población parece estar agotándose. Los cacerolazos de hoy podrían ser solo una advertencia temprana de lo que vendrá si no se atienden las demandas populares. No se trata solo de detener una reforma impopular, sino de entender que las soluciones fiscales deben contemplar la realidad de todos los dominicanos, desde los más pudientes hasta aquellos que, día tras día, luchan por llevar comida a la mesa.
Si el gobierno no escucha estas voces, podría enfrentar una crisis de gobernabilidad mucho más profunda. Las cacerolas no solo suenan por el peso de una reforma fiscal, sino por un sistema que sigue siendo percibido como injusto. Ignorar ese sonido es, posiblemente, el mayor error que la administración podría cometer en este momento.
