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Por Francisco Tavárez
El presidente Luis Abinader ha asegurado recientemente que todos los casos de desapariciones en el país se manejan de la misma manera y que, además, estos incidentes han disminuido. Sin embargo, la realidad parece contradecir estas afirmaciones. La incertidumbre y el dolor de las familias afectadas persisten, mientras que el manejo de ciertos casos genera más preguntas que respuestas.
En cuanto al caso de la estudiante norteamericana Sudiksha Konanki, cuyo paradero sigue siendo desconocido, la última persona en verla, Joshua Steven Riibe, ha sido tratado por las autoridades como testigo en esta desaparición, a pesar de existir fuertes indicios que podrían comprometerlo aún más.
Pero resulta que Joshua, rápido y veloz, abandonó el país, dejando el mal sabor de ver cómo las cosas son multicolor para algunos y negras con gris para los hijos de machepa, a quienes los recursos investigativos de las autoridades no llegan, quizás porque no acaparan la atención mediática internacional que tuvo el caso Konanki.
Tal es el caso de Modesto Luciano, de 70 años, quien vino desde San Juan para denunciar a El Demócrata, que lleva seis largos años viviendo una pesadilla tras la desaparición de su hijo, Modesto Alberti Luciano Adames, de 26 años, quien desapareció sin dejar rastro el 8 de enero de 2019.
Las piezas de este rompecabezas parecen estar en manos de la procuradora Yeni Berenice Reynoso y el Ministerio Público, quienes tienen la responsabilidad de esclarecer los hechos con transparencia y sin interferencias.
El país merece respuestas claras y un sistema de justicia que actúe sin sesgos ni dilaciones. Cuando la verdad no es contundente, es preferible la prudencia antes que declaraciones que no resisten el contraste con la realidad.
No se trata solo de la reputación de un gobierno, sino de la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. La lucha contra la impunidad no puede ser solo un discurso; debe ser una práctica constante y firme.
