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Fuente: Infobae
ESTADOS UNIDOS.- El gobierno de Estados Unidos redobló sus esfuerzos contra la corrupción en América Latina, ampliando su lista de líderes políticos y exfuncionarios vetados de ingresar al país con el objetivo de crear una estrategia para castigar a quienes sean señalados por obstrucción de la democracia, violaciones a los derechos humanos y corrupción en la región.
Entre los principales nombres incluidos en la lista se encuentran el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro; el mandatario nicaragüense, Daniel Ortega; los líderes cubanos Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel; y los expresidentes Horacio Cartes (Paraguay) y Ricardo Martinelli (Panamá). También figuran la exmandataria argentina Cristina Kirchner y su exministro Julio De Vido, así como los expresidentes de Ecuador, Rafael Correa y Jorge Glas, todos señalados por casos de corrupción o prácticas antidemocráticas.
El caso de Cristina Kirchner y Julio De Vido destaca dentro de las sanciones, ya que ambos enfrentan acusaciones de desviar millones de dólares en contratos de obras públicas durante su gobierno. Esta medida refuerza el mensaje de Washington de que no se tolerarán esquemas de corrupción en América Latina, incluso en países con gobiernos democráticamente elegidos.
Las sanciones no solo afectan a regímenes autoritarios, sino también a figuras políticas de otras naciones. En El Salvador, Honduras y Guatemala, varios funcionarios han sido penalizados por presunta corrupción y desvío de fondos públicos. Entre ellos se encuentra Fredy Raúl Orellana Letona, juez de la Corte Constitucional de Guatemala, acusado de manipular cargos judiciales, y José Edgardo Bruno Ventura, exmiembro de la Policía Nacional Civil de El Salvador, señalado por vínculos con grupos criminales.
En Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega sigue bajo escrutinio por la represión de opositores y el uso del sistema judicial para perseguir disidentes. Entre los sancionados se encuentran Marling de Jesús Castro Rodríguez, fiscal de Managua, y Wendy Carolina Morales Urbina, procuradora general, ambas acusadas de facilitar la criminalización de activistas y restringir la libertad de expresión en el país.
Las sanciones de EE.UU. se aplican en el marco de la Lista Engel, un mecanismo que busca presionar a gobiernos y figuras políticas responsables de actos de corrupción o antidemocráticos. Washington ha reafirmado su compromiso de proteger los principios democráticos en la región, aunque estas medidas han generado tensiones diplomáticas con algunos países que las consideran una injerencia en sus asuntos internos.
