Por Francisco Tavárez
El lenguaje verbal es, sin duda, el más importante de todos. Es el medio de comunicación más idóneo de la raza humana, la herramienta por excelencia para resolver diferencias, construir consensos y ejercer liderazgo. Por eso, debería saberlo la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, quien recientemente defendió con un tono altivo y soberbio algunas acciones cuestionadas de la Policía Nacional durante la Semana Santa.
Es cierto que sus llamados al respeto de las normas parten, al parecer, de una intención legítima de garantizar la paz y la convivencia ciudadana durante ese fin de semana. Sin embargo, el problema no está en el fondo del mensaje, sino en la forma en que fue comunicado: con desdén hacia quienes cuestionan, con descalificaciones hacia ciudadanos que ejercen su derecho a criticar, y con una retórica más cercana al autoritarismo que a la pedagogía política.
En su cuenta de X (antes Twitter), la ministra no solo exhortó a la prudencia, sino que también mandó a “rodar” a quienes —según sus palabras— buscan “extorsión, caos o manipulación mediática”. Este tipo de lenguaje, proveniente de una alta funcionaria del Gobierno, resulta preocupante. No solo deslegitima el debate público, sino que abre la puerta a justificar acciones represivas bajo el manto del orden.
En términos formales, “rueden” es la tercera persona del plural del verbo rodar, y puede referirse al movimiento circular de un objeto o persona. Pero en la jerga popular, especialmente en los barrios, el término adquiere otro matiz: se usa como sinónimo de “quítate de ahí”, una forma despectiva y brusca de rechazar o despreciar la presencia o la opinión de alguien.
Esa última acepción fue la que eligió la funcionaria —que cobra con fondos públicos— para responder a las presiones ciudadanas que exigían poner freno a los excesos cometidos por agentes del orden durante la Semana Santa, incluyendo la incautación de bocinas en negocios y residencias populares.
La línea entre garantizar la seguridad y cometer abusos no puede seguir difuminándose. El respeto a los derechos ciudadanos no puede quedar subordinado a posturas personales ni al ejercicio arbitrario del poder. El discurso oficial no debe convertirse en una excusa para el atropello ni en una mordaza contra la crítica legítima.
En democracia, quien asume un cargo público debe entender que su rol incluye la rendición de cuentas, la apertura al diálogo y la templanza ante la crítica. La firmeza institucional no se construye con amenazas, sino con argumentos, transparencia y respeto.
Porque el lenguaje no es solo una herramienta: también es un reflejo del alma del poder. Y cuando ese poder habla con arrogancia, algo anda mal.
