La evasión y el contrabando perpetrados por comerciantes chinos en República Dominicana representan una problemática multifacética que erosiona la equidad empresarial y socava la integridad de las leyes nacionales. Con cifras que ascienden a cientos de millones de pesos en pérdidas, este fenómeno exige una respuesta contundente y efectiva por parte de las autoridades.
Es innegable la disparidad de trato entre ciudadanos dominicanos y comerciantes extranjeros cuando se trata de hacer cumplir la ley. Mientras que a los primeros se les exige rigurosidad y se les somete a consecuencias severas por el incumplimiento, a los segundos se les tolera una complicidad pasmosa. Esta disparidad socava la confianza en las instituciones y fomenta un ambiente de competencia desleal.
Es imperativo que las autoridades tomen medidas firmes para combatir esta problemática. La aplicación rigurosa de la ley debe ser equitativa, sin distinción de nacionalidad. Todos aquellos que operen al margen de la legalidad deben ser sometidos a la justicia, sin excepción.
Esto implica no solo el cierre de establecimientos ilegales, sino también la imposición de sanciones económicas y penales que disuadan futuras infracciones.
La protección de la ley debe extenderse a todos los ciudadanos, independientemente de su origen. Los dominicanos merecen ser tratados con igualdad y justicia en su propio país. La competencia en el mercado debe ser regida por normas claras y equitativas, que promuevan un ambiente favorable para el desarrollo empresarial y la prosperidad económica.
Es evidente que muchos comerciantes chinos operan sus negocios en flagrante violación de las leyes laborales, de salud y tributarias. Este comportamiento no solo perjudica a los empresarios dominicanos, sino que también pone en riesgo la salud y el bienestar de la población. Las autoridades deben redoblar sus esfuerzos para erradicar estas prácticas ilegales y proteger los derechos y la seguridad de todos los ciudadanos.
En este sentido, es alentador ver acciones como los cierres de establecimientos llevados a cabo por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Dirección General de Aduanas (DGA). Estos esfuerzos son un paso en la dirección correcta, pero deben ser parte de una estrategia integral y sostenida para abordar de manera efectiva la evasión y el contrabando en todas sus formas.
En conclusión, la lucha contra la evasión y el contrabando de comerciantes chinos en República Dominicana es un desafío que requiere un compromiso firme y coordinado de las autoridades y la sociedad en su conjunto. Solo a través de un enfoque integral y equitativo podremos garantizar un ambiente empresarial justo y próspero para todos los ciudadanos. Es hora de actuar con determinación y poner fin a la impunidad que ha prevalecido por demasiado tiempo.
Francisco Tavárez – Director General
