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Por Francisco Tavárez
Para nadie es un secreto que, cuando Haití colapse por completo, millones de personas cruzarán la frontera en busca de refugio en la República Dominicana. La pregunta no es si ocurrirá, sino cuándo. ¿Estamos preparados para un escenario de tal magnitud? Que Dios nos coja confesados.
El gobierno dominicano ya enfrenta retos complejos: delincuencia, apagones y desempleo, entre otros. Sin embargo, hay un problema que amenaza con desbordar la capacidad del Estado y que requiere soluciones urgentes: la crisis haitiana y su impacto en nuestra economía, seguridad y soberanía. Es imperativo actuar antes de que sea demasiado tarde, y hacerlo sin seguir malgastando los limitados recursos del país.
Uno de los efectos más evidentes de la inmigración masiva es la distorsión del mercado laboral. Un empleo que debería pagar RD$50,000 hoy solo ofrece RD$15,000 porque hay miles dispuestos a hacerlo por menos. Los empresarios dominicanos enfrentan un dilema real: ¿pagar RD$24,000 a un dominicano o RD$8,000 a un haitiano? Mientras tanto, el Ministerio de Trabajo parece ausente en la regulación de esta situación que afecta directamente a los trabajadores nacionales.
Pero la problemática no se limita al mercado laboral. La situación en la frontera es alarmante. Se ha denunciado que productores arroceros dominicanos están siendo amenazados por bandas haitianas armadas que les exigen pagos bajo amenazas de muerte. Esto no es simple delincuencia, es terrorismo. Es una amenaza directa a la soberanía nacional y a la seguridad alimentaria del país.
Ante esta realidad, la gran interrogante es: ¿actuará el gobierno o se hará el sueco? La seguridad del campo dominicano está en juego y no podemos permitir que el silencio cómplice sea la respuesta oficial.
El tiempo de reaccionar es ahora. Esperar a que la crisis explote sin medidas preventivas solo nos llevará a una situación insostenible. La República Dominicana debe proteger sus intereses con determinación y sin titubeos.
