Por Francisco Tavárez
Las recientes acusaciones del ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, contra el Gobierno dominicano sobre una supuesta deuda de 350 millones de dólares por la compra de petróleo, han sido respondidas de manera contundente por el presidente Luis Abinader. En su intervención durante el evento semanal con la prensa, Abinader dejó claro que, bajo su administración, no se ha adquirido ni un solo galón de crudo a Venezuela. Este es un punto fundamental que debe ser comprendido: la deuda mencionada no es fruto de las acciones del actual gobierno, sino un legado de la administración de Danilo Medina.
Es crucial recordar que la última importación de crudo venezolano por parte de la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa) se realizó en diciembre de 2015, como lo señaló su presidente, Leonardo Aguilera. Además, la compra más reciente de productos derivados, como diésel y combustible para aviones, tuvo lugar en febrero de 2017, tres años antes de que Abinader asumiera la presidencia. Por tanto, cualquier responsabilidad sobre esa deuda recae en la administración anterior, no en la actual.
Durante el gobierno de Medina, los acuerdos con Petrocaribe, un proyecto que inicialmente fue diseñado para beneficiar a los países del Caribe mediante la provisión de petróleo en condiciones preferenciales, se convirtieron en una fuente de financiamiento para el régimen de Nicolás Maduro en medio de una grave crisis económica y social en Venezuela. En lugar de beneficiarse de las condiciones favorables del acuerdo, la República Dominicana se vio atrapada en una relación económica que terminó por fortalecer a un régimen cada vez más impopular, sin aportarle beneficios tangibles al país.
Luis Abinader ha sido claro al distanciarse de estos acuerdos, marcando una diferencia entre su gestión y la del pasado. En un contexto en el que la economía dominicana ha tenido que lidiar con múltiples desafíos, entre ellos una pandemia global y una crisis energética internacional, es vital que los ciudadanos comprendan que esta deuda no es un obstáculo generado por el actual gobierno, sino una carga heredada.
Es fácil, en medio del ruido político, perder de vista el contexto histórico y arrojar acusaciones infundadas. Sin embargo, es responsabilidad de todos —gobernantes y ciudadanos— recordar que no se debe culpar a una administración por las decisiones de otra. El presidente Abinader y su equipo han dejado claro que no han hecho uso de los acuerdos con Petrocaribe ni se han beneficiado de ellos. En cambio, han trabajado para estabilizar una situación complicada por decisiones pasadas, y cualquier intento de responsabilizarlos por este legado no es más que una distorsión de los hechos.
