|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Por Francisco Tavárez
El reciente desalojo forzoso de cientos de familias en varias comunidades de la provincia Sánchez Ramírez por parte de la empresa minera Barrick Gold representa un alarmante atentado contra los derechos humanos y la dignidad de ciudadanos vulnerables. Aproximadamente 1,200 familias han sido desalojadas de sus terrenos, dejando tras de sí un rastro de heridas físicas, psicológicas y un futuro incierto para quienes solo demandaban respeto por sus hogares y su historia.
El incidente, ocurrido en la madrugada del pasado miércoles, tuvo como escenario a las comunidades de Zambrana Arriba, Arroyo Vuelta, Laja, Las Tres Boca, El Ligo, El Rayo y El Naranjo, donde la presencia de miembros del Ejército Dominicano respaldando las acciones de la empresa minera agravó la situación. Los enfrentamientos resultantes entre las fuerzas de seguridad y los residentes culminaron en actos de violencia injustificables en un estado de derecho.
Los moradores de estas localidades no son intrusos ni meros ocupantes; son familias que han habitado la tierra durante generaciones, cimentando sus vidas en estos terrenos mucho antes de la llegada de intereses extractivos. Sin embargo, la creciente presión minera, promovida bajo la bandera del desarrollo económico, ha puesto en tela de juicio los derechos más fundamentales de estos ciudadanos.
Un gobierno responsable nunca debe permitir que el progreso económico se construya sobre el sufrimiento de su pueblo. La riqueza generada por la extracción de minerales como el oro o el níquel nunca podrá justificar las imágenes de mujeres, niños y hasta un sacerdote agredido en un desalojo violento. La vida y la dignidad humana deben estar por encima de cualquier recurso material. Las leyes y los contratos no pueden erigirse como excusas para atropellar a las personas. Las comunidades afectadas no solo demandan justicia, sino también un respeto genuino a su historia, sus derechos y su porvenir.
Este lamentable suceso exige una respuesta firme de las autoridades, no solo en el plano de la reparación de daños, sino también en la garantía de que actos como estos no vuelvan a repetirse. La minería puede aportar al desarrollo solo cuando respeta las normas éticas, legales y sociales. Mientras tanto, los habitantes de Sánchez Ramírez han alzado una bandera que no podemos ignorar: la lucha por la vida, la dignidad y el derecho a permanecer en la tierra que los vio nacer.
