Por Francisco Tavárez
La Junta Central Electoral (JCE) ha expuesto importantes estadísticas de los nacimientos de extranjeros en el país, pero al analizarlos en profundidad desnudan una gran verdad sobre el incumplimiento de las normativas por parte del Servicio Nacional de Salud (SNS), y su director el Dr. Mario Lama.
Según la JCE, en los últimos 12 años se han registrado 241 mil nacimientos de hijos de extranjeros en República Dominicana, lo que representa el 8% del total de nacimientos en el país. Sin embargo, este número contrasta con otras estadísticas que indican que el 40% de los partos en las maternidades públicas son de madres haitianas. La discrepancia es evidente, y es necesario preguntarse si los datos presentados por la JCE, ponen en evidencia que el problema no está en el registro Civil, sino en la falta de cumplimiento del personal de salud y administrativo en la red de hospitales públicos en todo el país.
El manejo de las estadísticas de nacimientos en el país es un asunto delicado, especialmente cuando se trata de un tema tan sensible como la nacionalidad y la inmigración. La Constitución y las leyes dominicanas son claras al establecer que los hijos de extranjeros en situación irregular no tienen derecho a la nacionalidad dominicana. Pero, ¿es posible que los registros estén siendo manipulados o incompletos para ajustar a esta normativa?
La situación en las maternidades públicas es un indicador de la realidad migratoria en el país. Si el 40% de los partos son de madres haitianas, y muchas de ellas están en situación irregular, es difícil creer que solo 241 mil nacimientos de hijos de extranjeros se hayan registrado en 12 años. Este desajuste numérico sugiere que algo no está cuadrando y que los datos podrían estar siendo sub reportados.
Es urgente que se investigue a fondo esta situación. Las cifras oficiales deben ser transparentes y reflejar la realidad. La sociedad dominicana merece conocer la verdad sobre el impacto de la inmigración en el país, y las autoridades tienen la responsabilidad de proporcionar datos precisos. No se trata solo de estadísticas, sino de derechos humanos, de transparencia institucional y de confianza en las entidades públicas.
No podemos permitir que se sigan manipulando los números para ocultar la magnitud de un problema que afecta a todos. La verdad debe prevalecer, y para ello es necesario que las autoridades permitan el escrutinio público y la investigación independiente. ¡Basta de mentiras!
