SAN CRISTÓBAL.- El Ministerio Público presentó este jueves una acusación formal contra los propietarios de la fábrica de plásticos Vidal Plast SRL, por la devastadora explosión ocurrida el 14 de agosto de 2023 en San Cristóbal.
El siniestro, que cobró la vida de 38 personas y dejó a decenas de heridos, también causó la destrucción de nueve edificios y afectó varias viviendas en la zona.
La acusación fue presentada ante el Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de San Cristóbal e involucra a Edward Armando Vidal Garrido, Maribel Sandoval Almánzar, Mercedes Altagracia Vidal, y a la empresa Vidal Plast SRL.
Según el Ministerio Público, la explosión fue resultado de una serie de fallos graves en la gestión y almacenamiento de materiales inflamables y químicos por parte de los imputados.
El informe del Ministerio Público detalla que la tragedia ocurrió a las 3:10 p.m. del 14 de agosto en la intersección de las calles Padre Ayala y Francisco J. Peynado.
La investigación reveló que la imprudencia y negligencia en el manejo del químico Autofina-Luporox A 70S, utilizado en la industria del plástico, fue un factor clave en la explosión. Este químico, almacenado en condiciones inapropiadas, provocó una reacción química que resultó en una explosión devastadora.
El expediente señala que las irregularidades en el manejo del material peligroso ya habían sido detectadas meses antes del siniestro. El 18 de marzo de 2023, durante trabajos de herrería en las instalaciones, una chispa provocó una reacción química que causó quemaduras a un empleado, alertando sobre la falta de medidas de seguridad adecuadas.
El documento de acusación está respaldado por 128 pruebas, incluyendo testimonios, documentos, pericias y material audiovisual, y acusa a los imputados de violar múltiples artículos del Código Penal y de las leyes sobre Salud y Medioambiente.
Las medidas de coerción, que incluyen un año de prisión preventiva, fueron impuestas el 5 de septiembre de 2023, y el caso ha sido declarado complejo.
El Ministerio Público también solicitó al tribunal que considere la gravedad de las infracciones y la magnitud del daño causado al emitir su fallo.
