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Por Francisco Tavárez
Históricamente, la República Dominicana ha tenido que enfrentar las consecuencias de un sistema público que, en áreas clave como la educación y la salud, no cumple con las expectativas de la población. A pesar de las promesas y los esfuerzos de diferentes gobiernos, la realidad sigue siendo que muchos dominicanos no reciben los servicios básicos de calidad que merecen. En este contexto, el presidente Luis Abinader anunció que no habrá una nueva reforma fiscal, una decisión que ha generado reacciones diversas en sectores económicos y políticos.
Lo paradójico es que los mismos economistas que criticaban la propuesta inicial de reforma ahora cuestionan su cancelación. ¿Por qué este cambio de discurso? Parte de la respuesta radica en que la reforma fiscal no solo tenía como objetivo aumentar los impuestos, sino también revisar subsidios y privilegios que, en muchos casos, favorecen a sectores económicos específicos como el turismo y la construcción. Nadie quiere perder esos beneficios, ya que representan una parte significativa de la competitividad de estos sectores en el mercado global. Pero, ¿es justo mantener estos subsidios en un país donde gran parte de la población sigue esperando mejoras en servicios esenciales?
El problema de fondo no es solo si se aumentan o no los impuestos. La verdadera cuestión radica en cómo se gestionan los recursos recaudados y si se destinan de manera eficiente para mejorar la vida de los ciudadanos. En lugar de depender exclusivamente de reformas fiscales, sería necesario replantearse la estructura completa del gasto público. ¿Qué pasaría si eliminamos el «barrilito», ese controvertido fondo que se otorga a los senadores y diputados? ¿Y qué hay de los privilegios políticos que siguen erosionando la confianza de la ciudadanía en sus instituciones?
La gestión eficiente de los recursos públicos no debería ser una aspiración, sino una obligación. Si el gobierno pretende ganar la confianza del pueblo, es imperativo que se transparenten y justifiquen los gastos, eliminando aquellos que benefician solo a una minoría privilegiada. Además, se deben revisar los privilegios fiscales que reciben ciertos sectores económicos, para garantizar que esos recursos puedan ser reinvertidos en áreas que realmente lo necesitan, como la educación, la salud y el desarrollo social.
La falta de una reforma fiscal en este momento puede verse como una oportunidad perdida para replantear el sistema. Pero más allá de esa decisión, lo que verdaderamente importa es cómo el gobierno abordará la urgente necesidad de reformar su manera de gestionar los fondos públicos. Porque al final del día, no se trata solo de aumentar impuestos; se trata de hacer que cada peso que pagamos en impuestos trabaje para el bien común, y no para los intereses de unos pocos.
