SANTO DOMINGO.-La Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ratificó a la jueza Altagracia Rámirez para dirimir la audiencia preliminar contra los acusados en el entramado de corrupción que estafó al Estado con más de RD$21,000 millones, desmantelado con la Operación Calamar.
Previo al inicio de la audiencia preliminar, programada para el próximo lunes 30 de septiembre, el tribunal mantuvo la medida cautelar de presentación periódica en contra del exministro de Hacienda, Donald Guerrero y acogió la solicitud del cese del impedimento de salida.
En una audiencia posterior, la jueza aplazó el conocimiento de la solicitud de variación de medida de coerción de Ángel Lockward, otro de los imputados en el caso, y reprogramó la audiencia para el 2 de octubre.
De acuerdo con la acusación presentada por el Ministerio Público, Ángel Lockward está entre los señalados de haber participado en procesos ilegales de deuda pública a través del Ministerio de Hacienda, distrayendo miles de millones de pesos del patrimonio estatal.
Estos fondos ilícitos habrían sido utilizados durante los periodos 2019-2020 para financiar la campaña política del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), incurriendo en delitos como lavado de activos y financiamiento ilícito de campañas, entre otros.
Detalles del entramado criminal
La estructura de corrupción, liderada por el entonces ministro de Hacienda, Donald Guerrero; el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta; y el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Gonzalo Castillo, habría estafado al Estado dominicano a través de pagos irregulares por expropiaciones de terrenos, reconocimiento de deudas administrativas y sobornos relacionados con la campaña política del 2020.
El expediente del Ministerio Público, compuesto por 3,662 páginas, incluye a 46 imputados, 34 de ellos personas físicas y 12 personas jurídicas. Las investigaciones revelan que diversas instituciones del Estado, como el Ministerio de Hacienda, la Contraloría General, la Dirección General de Bienes Nacionales, el Consejo Estatal del Azúcar, el Banco de Reservas y la Dirección General de Presupuesto, fueron utilizadas para desviar fondos y defraudar. al Estado.
Entre los imputados se encuentran Daniel Omar Caamaño, excontralor general de la República; Luis Miguel Pichirilo, exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA); Claudio Plata Peña, exdirector de Catastro Nacional; además de Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández, exdirectores de Casinos y Juegos de Azar.
