|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Por Francisco Tavárez
La Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC) se encuentra en el ojo de la tormenta por la inminente firma de un contrato de alquiler del edificio Vista 311, por la exorbitante suma de $1,440 millones de pesos. Esta cifra es impactante, y no se necesita un profundo análisis económico para preguntarse cómo se puede justificar un contrato de arrendamiento de tal magnitud, que fácilmente podría haber servido para construir propiedades propias, beneficiando a las arcas del Estado y sentando las bases para un patrimonio público más sostenible. La situación genera dudas e interrogantes sobre el uso de los fondos públicos y la responsabilidad de las autoridades para con los recursos de la ciudadanía.
En el centro de esta controversia, Bartolomé Pujals, director de OGTIC, ahora enfrenta críticas al haber impulsado este proyecto. Es inevitable recordar su activa participación en movimientos ciudadanos por la transparencia y la justicia en la Plaza de la Bandera. Pujals representó una nueva cara de la política, marcada por la promesa de un gobierno responsable y transparente. Pero con este contrato, muchos de sus seguidores se preguntan si esa promesa se mantiene firme.
El gasto público, especialmente en tiempos donde las carencias en servicios básicos como salud, educación y vivienda son evidentes, merece un escrutinio cuidadoso. ¿Es verdaderamente un gasto que beneficie a la ciudadanía? ¿Dónde quedó el compromiso con la responsabilidad fiscal y la administración eficaz de los recursos?
Si la OGTIC y sus autoridades consideran que este contrato es necesario, deberían presentar de inmediato un desglose detallado que justifique el uso de estos fondos. La transparencia no solo es un derecho de la ciudadanía; también es un deber de sus funcionarios. En un país que sigue luchando por construir instituciones confiables, un contrato de alquiler de $1,440 millones de pesos debe ser un reflejo de ese compromiso y no de dudas sobre la gestión del dinero público.
