El reciente y alarmante caso en el Centro Educativo Salustina Bans Batista, en Bella Vista, Santiago, ha encendido una vez más las alertas sobre un problema que va mucho más allá de un hecho aislado. Una niña de 14 años, de nacionalidad haitiana, ingresó a clases portando un arma de fuego. Según informaciones preliminares, la pistola pertenecería a su padrastro —también haitiano— quien supuestamente la usaba para amenazarla.
¿Fue un intento de impresionar a sus compañeros o un grito de auxilio desde un hogar marcado por la violencia?
Más allá de la gravedad del hecho puntual, lo ocurrido desnuda realidades dolorosas que no pueden seguir siendo ignoradas: la presencia de armas ilegales en hogares, la vulnerabilidad de menores migrantes, y la creciente inseguridad vinculada al tráfico de armas en la región. Haití ha sido identificado como un importante punto de tránsito y destino de cargamentos ilegales de armas —algunos provenientes de Colombia y que cruzan por República Dominicana—, lo que pone a ambos países en una situación de alto riesgo.
¿Cuántos haitianos armados viven en territorio dominicano? ¿Qué tan accesibles son las armas para jóvenes en situaciones vulnerables? ¿Qué se está haciendo, de manera concreta, para desarticular las redes ilegales de tráfico de armas y proteger a los más indefensos?
Este caso no solo interpela a las autoridades educativas y policiales, sino también a las migratorias, sociales y de derechos humanos. Urge una respuesta integral que incluya: atención psicológica, vigilancia comunitaria, control de armas y políticas migratorias humanas pero firmes. También es indispensable que se fortalezcan los lazos de cooperación binacional para atacar el problema en su origen.
Cada día de inacción es una puerta abierta a nuevas tragedias.
