Por Francisco Tavárez
El presidente Luis Abinader entregó recientemente una flotilla de 50 camiones y ocho autobuses a la Dirección General de Migración (DGM), fortaleciendo así la logística de los operativos de interdicción migratoria. Con esta entrega, el gobierno suma 118 unidades destinadas a las labores de control fronterizo en lo que va del año. Estos vehículos, equipados incluso con baños, buscan mejorar las condiciones en las que se realizan los traslados de personas en situación migratoria irregular, particularmente ciudadanos haitianos, de los cuales 27,598 han sido repatriados entre enero y abril.
Este refuerzo operativo responde a una política migratoria que ha ganado apoyo entre la ciudadanía, pero también ha sido blanco de duras críticas por parte de organismos internacionales como las Naciones Unidas y Amnistía Internacional. Estas entidades han cuestionado las condiciones de detención y repatriación, así como el respeto a los derechos humanos de los migrantes.
A pesar de la presión internacional, el gobierno dominicano ha reafirmado su compromiso con el control migratorio, considerando que se trata de una cuestión de soberanía nacional. Es innegable que todo Estado tiene el derecho —y el deber— de regular la presencia de extranjeros dentro de su territorio, especialmente en contextos de alta presión migratoria como el que enfrenta la República Dominicana con relación a Haití.
